Es la primera vez que el máximo tribunal evaluará los alcances legales de una disposición constitucional adoptada después de la Guerra Civil para impedir que exfuncionarios que “participaron en la insurrección” vuelvan a ocupar sus cargos.
Es la primera vez que el máximo tribunal evaluará los alcances legales de una disposición constitucional adoptada después de la Guerra Civil para impedir que exfuncionarios que “participaron en la insurrección” vuelvan a ocupar sus cargos.
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